Un escándalo que exige respuestas, no evasiones
El 25 de julio de 2026, la Revista Semana publicó una de las investigaciones más explosivas de este ciclo político. A lo largo de miles de palabras, docenas de chats de WhatsApp, grabaciones de audio, recibos de transferencias bancarias y los testimonios de tres personas que participaron en el esquema, Semana detalló de manera exhaustiva cómo Juliana Guerrero —considerada la mujer más poderosa del Gobierno Petro— y su hermana Verónica construyeron una estructura paralela para extorsionar a empresarios con la promesa de acceder a jugosos contratos estatales.
Las pruebas son abrumadoras. Una cita con las hermanas Guerrero costaba un millón de pesos. Los contratos en los Ministerios de Vivienda y del Interior se negociaban supuestamente por 200 millones de pesos por adelantado más el 10% del valor de cada proyecto adjudicado. Las hermanas controlaban tres entidades del Estado. Se movían por el Ministerio de la Igualdad, el Ministerio de Ambiente, el DAPRE, el Hospital Militar del Ministerio de Defensa y el FONSECON como si fueran dueñas del lugar — todo sin ocupar cargo público alguno.
Sin embargo, lo más escandaloso de esta historia no es lo que hicieron las hermanas Guerrero. Es cómo han respondido el jefe de Estado, la coalición de gobierno y el ejército de influenciadores oficialistas.
La respuesta del presidente: una clase magistral de evasión
El presidente Gustavo Petro rompió finalmente su silencio en X (antes Twitter). Su respuesta merece leerse completa:
“Las pruebas indicadas aquí reflejan que los llamados ’empresarios’ se enfurecieron y tal vez entregaron los chats, porque no les dieron lo que se les prometió. Si es cierto, entregaron dinero como tontos, pensando que los ministros, o yo mismo, actuábamos bajo presión de mujeres o por codicia.”
— @petrogustavo, julio 2026
Esta no es la respuesta de un jefe de Estado enfrentando un escándalo de corrupción dentro de su propia administración. Es la respuesta de un hombre que ha decidido que la narrativa más conveniente es que todos son corruptos —los empresarios, los acusadores, la revista— y por lo tanto nadie es responsable.
Petro califica a los empresarios de “tontos” que fueron “estafados”. Llama a la investigación “una buena demostración de las barreras que funcionan contra la corrupción”. Dice que “los empresarios corruptos parecen haber sido estafados, y el gobierno les impidió robar”. El mensaje subliminal es inequívoco: las hermanas Guerrero no hicieron nada malo; los verdaderos criminales son los empresarios que intentaron sobornarlas y luego se molestaron cuando los tratos fracasaron.
Note lo que Petro no dice:
- No explica cómo Juliana Guerrero —quien presentó un título falso de contadora ante la Casa de Nariño para ser nombrada Viceministra de Juventudes— llegó a tener semejante proximidad al poder.
- No explica por qué, a pesar de múltiples advertencias de funcionarios como Angie Rodríguez (exdirectora del DAPRE) y de congresistas de oposición como Jennifer Pedraza, no se tomó ninguna acción durante más de un año.
- No explica por qué defendió públicamente a las hermanas Guerrero cuando surgieron las primeras preguntas sobre ellas.
- No exige una investigación inmediata y transparente sobre cómo estas dos mujeres, sin ningún cargo formal en el gobierno, pudieron entrar a los ministerios y dictar decisiones de contratación y nombramientos.
En cambio, vilipendia a los denunciantes y presenta una red de corrupción como una victoria de las “barreras” anticorrupción de su gobierno.
El vacío de liderazgo moral del Pacto Histórico
¿Dónde está la coalición del Pacto Histórico en este momento? ¿Dónde están las voces intelectuales del movimiento, sus líderes congresionales, sus organizadores de base?
Las figuras que se han posicionado como los defensores más visibles del gobierno —Lalis, Levi Rincón y la constelación de influenciadores progresistas— han ofrecido solo declaraciones superficiales. Condenan la corrupción en abstracto mientras evitan cuidadosamente mencionar a las hermanas Guerrero por su nombre. Piden “investigaciones” sin reconocer que el Presidente mismo parece haber sabido o al menos tolerado su presencia en los más altos niveles del poder.
Esta es una coalición que llegó al poder prometiendo una “nueva política” —una ruptura completa con el clientelismo, la corrupción y la captura institucional que definieron a los partidos tradicionales colombianos. El Pacto Histórico se suponía diferente. Sus líderes hicieron campaña con integridad moral, con la idea de que el gobierno ya no sería una herramienta de enriquecimiento personal, con la promesa de que los días del tráfico de influencias y las comisiones ilegales habían terminado.
Sin embargo, cuando surge la evidencia más concreta de corrupción dentro de su propio gobierno —evidencia que marca cada casilla de la vieja política que juraron haber derrotado— responden con silencio. Es un silencio que habla más fuerte que cualquier negación.
Si el Pacto Histórico no puede exigir una aclaración radical y transparente a su propio líder; si no puede preguntar públicamente: ¿Cómo consiguieron Juliana y Verónica Guerrero sus posiciones? ¿De dónde vinieron? ¿Quién las protegió? ¿Quién dentro del gobierno facilitó su acceso a los ministerios? — entonces habrá entregado su autoridad moral de forma permanente.
El rol de la sociedad civil: debemos exigir más
La sociedad civil colombiana —los periodistas, las organizaciones de control ciudadano, los ciudadanos comunes que han apoyado el proyecto de cambio— no debe aceptar esta respuesta.
Hemos visto este patrón antes. Cuando surgen denuncias de corrupción contra un gobierno que dice representar el cambio, el instinto es cerrar filas, cuestionar al mensajero, señalar que el acusador (en este caso, Semana) tiene un sesgo político. Y ciertamente, Semana tiene una evidente agenda política —como señaló el congresista Carlos Carrillo, el sesgo de la revista no es secreto. Pero eso no hace desaparecer las pruebas.
Los mensajes de WhatsApp existen. Las transferencias bancarias existen. Las grabaciones de audio existen. Los testimonios de tres personas que estuvieron dentro del esquema existen. El hecho de que un poderoso medio con una agenda antigubernamental haya publicado esta investigación no cambia el contenido de lo que publicaron.
La sociedad civil debe exigir tres cosas, clara y sin ambigüedades:
- Una explicación completa, pública y transparente del presidente Petro: ¿Cómo llegaron Juliana y Verónica Guerrero a ser las figuras no electas más poderosas de su gobierno? ¿Quién las contrató? ¿Quién las promovió? ¿Quién facilitó su acceso a la Casa de Nariño, a los ministerios, al DAPRE?
- Una ruptura clara con la narrativa de “ambos lados son corruptos”. La respuesta de Petro —presentar a los empresarios como tontos que fueron estafados— no es un mecanismo aceptable de rendición de cuentas. Los empresarios pueden enfrentar un proceso por soborno. Pero eso es independiente de cómo operaban las hermanas Guerrero dentro del Estado, y si alguien en el gobierno lo facilitó a sabiendas.
- Juicio por la sociedad, no solo por las instituciones. La Fiscalía debe investigar, sí. Pero esta también es una cuestión política y moral que no puede delegarse al poder judicial. El Pacto Histórico debe decidir si está de lado de la transparencia o de la impunidad cuando los suyos están implicados.
De la defensa a la evasión: una trayectoria condenatoria
Quizás el aspecto más preocupante de todo este asunto es la trayectoria de la posición del Presidente.
Durante meses, mientras circulaban las preguntas sobre las hermanas Guerrero —mientras Angie Rodríguez daba su entrevista a Semana, mientras Jennifer Pedraza llevaba el tema al Congreso, mientras la investigación construía lentamente su base probatoria— el presidente Petro las defendió. Desestimó las acusaciones como ataques del establecimiento. Presentó cualquier crítica a su círculo cercano como un ataque al proyecto de su gobierno.
Ahora, con las pruebas innegables, no ha admitido su error. No se ha disculpado. No ha explicado por qué las defendió. Simplemente ha cambiado la historia: ahora trata de cómo los verdaderos corruptos eran los empresarios desde el principio, y de cómo las “barreras” del gobierno funcionaron perfectamente para detenerlos.
Esta no es la respuesta de un líder que ha aprendido de sus errores. Es la respuesta de un político que intenta sobrevivir a un escándalo enturbiando las aguas. El pueblo colombiano merece algo mejor.
Lo que debe suceder ahora
El Presidente debe ir más allá del tuit evasivo. Debe sentarse ante el país y responder:
- ¿Cómo llegó Juliana Guerrero, una mujer con un título falso de contadora, a ser la segunda persona más poderosa en la Casa de Nariño?
- ¿Quién dentro del gobierno protegió a las hermanas Guerrero y facilitó su acceso a ministerios, presupuestos y toma de decisiones?
- ¿Por qué las defendió durante meses cuando periodistas y congresistas ya estaban dando la alarma?
Si el presidente Petro no puede responder estas preguntas —si el Pacto Histórico continúa tratando esto como una conspiración mediática en lugar de un problema sistémico de corrupción dentro de sus propias filas— entonces habrán demostrado que la “nueva política” nunca fue real. Fue simplemente un cambio de marca de los mismos viejos patrones de poder, clientelismo e impunidad que los colombianos han sufrido durante generaciones.
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Fuentes
- Semana, “Semana revela las pruebas de la red de corrupción de Juliana Guerrero y su hermana Verónica: chats, audios y consignaciones bancarias” (25 de julio de 2026). https://www.semana.com/nacion/articulo/…
- Declaración oficial del presidente Gustavo Petro en X (@petrogustavo, julio 2026), citada en el artículo de Semana.